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martes, 12 de noviembre de 2019

CONSTITUCIONALIDAD DEL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA POR PARTE DE LA CIUDADANA JEANINE AÑEZ CHAVEZ


Ery Iván Castro Miranda*

En primer lugar corresponde establecer el marco jurídico respecto a la interpretación de la Constitución la Política del Estado Boliviano (CPE), en consecuencia, la misma Constitución boliviana refiere que el Tribunal Constitucional Plurinacional en su función interpretativa, aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto (artículo 196.II), consecuentemente, la interpretación válida de la constitución, se encuentra a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional, dicha disposición constitucional se complementada con el artículo 2.II de la Ley Nº 254 (Código Procesal Constitucional - CPCo) que señala: «Asimismo podrá aplicar [como criterio de interpretación]: 1. La interpretación sistemática de la Constitución Política del Estado, y la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales».

Dicha interpretación sistemática y de acuerdo a los fines establecidos en los principios constitucionales, el CPCo señala de manera categórica que las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional, asimismo refiere que las RAZONES JURÍDICAS DE LA DECISIÓN, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares (artículo 15.I y II).

Además, corresponde señalar que el CPCo, indica que las declaraciones constitucionales son emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, toda vez que son adoptadas en caso de control previo o consultas realizadas al Tribunal Constitucional Plurinacional (artículo 10.I núm. 2 del CPCo). 

En ese contexto jurídico, en fecha 31 de julio de 2001, se emitió la Declaración Constitucional N° 0003/01, por el cual el Tribunal Constitucional, se pronunció respecto a la interpretación respecto a la sucesión presidencial ante el impedimento o ausencia del primer mandatario del estado, consecuentemente, en sus razones jurídicas manifestó lo siguiente: «111.3 Que, consiguientemente, lo establecido en el art. 91 no es aplicable al caso concreto consultado, dado que aquí se está frente a una sucesión presidencial, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del Jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de Ley ni de Resolución Congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia de la República; si no que conforme al texto y sentido de la Constitución, el Vicepresidente asume ipso facto la Presidencia de la República hasta la finalización del período constitucional; cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional».

Inclusive, señalo que: «IV.2 Que, del contenido y sentido de los preceptos constitucionales transcritos, se interpreta que una vez asumida la Presidencia de la República en los casos de sucesión presidencial, la Vicepresidencia de la República queda acéfala; es decir, que el Presidente del Senado continuará ejerciendo su cargo y no asumirá en ningún momento la Vicepresidencia de la República, pero sí la Presidencia del Congreso Nacional. Este último entendimiento interpretativo guarda conformidad con el art. 37-a) y b) del Reglamento General de la H. Cámara de Senadores. Asimismo, ejercerá la Presidencia de la República en forma interina o definitiva, únicamente en los casos de impedimento temporal o vacancia, establecidos en el art. 93-I y III de la Constitución».

Dado el razonamiento jurídico establecido en la referida declaración constitucional, corresponde señalar que artículo 169.I de la CPE refiere: «En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados», es decir, ante la actual coyuntura, la persona que ejerza el cargo de presidente del senado, asume la presidencia del estado ipso facto (expresión latina que significa “inmediatamente”, “en el acto”), conforme el razonamiento jurídico establecido en la Declaración Constitucional Nº 0003/2001, teniendo en cuenta que en el presente caso existe AUSENCIA DEFINITIVA por parte del Sr. Evo Morales Ayma y el Sr. Álvaro Marcia Linera (Presidente y Vicepresidente respectivamente), debido a que el país de México otorgó asilo político.

Inclusive, debido a la AUSENCIA DEFINITIVA de los mencionados ciudadanos, se aplica de manera preferente el artículo 170 de la CPE, que señala: «La Presidenta o el Presidente del Estado cesará en su mandato por muerte; por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o impedimento definitivo; por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; y por revocatoria del mandato», es decir, en la presente problemática no opera la renuncia y por lo tanto no se necesita la aceptación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional; por el contrario, la figura jurídica se transforma en CESACIÓN DE MANDATO POR AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEFINITIVO, por tanto -reitero- no corresponde aplicar el numeral 3 del artículo 161 de la CPE, referente a la admisión o negación de la renuncia del Presidente y del Vicepresidente del Estado, consiguientemente, la ciudadana Jeanine Añez Chavez, al asumir la presidencia del estado no vulneró ninguna norma infra constitucional, ni mucho menos vulneró las disposiciones establecidas en la CPE, teniendo en cuenta que la presidencia de la cámara de senadores, ante la AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEFINITIVO por parte de los ciudadanos: Evo Morales Ayma y Álvaro Marcia Linera, asumió la presidencia del estado “ipso facto”, conforme lo establecido en el artículo 170 de la CPE y el razonamiento jurídico desarrollado en la Declaración Constitucional Nº 0003/2001 de 31 de julio de 2001.

Consecuentemente, al asumir la presidencia del Estado boliviano, debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, mantener y preservar la unidad del Estado boliviano y dirigir la administración pública y coordinar la acción de los Ministros de Estado, entre otras. (artículo 172 de la CPE).

Por lo tanto, considero que las primeras medidas que debe adoptar la nueva Presidenta del Estado Boliviano, para dirigir de manera adecuada la administración pública, mismas que se encuentran en la CPE, son las siguientes: 

a) Nombrar a su gabinete ministerial (artículo 172 núm. 4); 

b) Designar y destituir al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y a los Comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada (artículo 172 núm. 17);

c) Designar y destituir al Comandante General de la Policía Boliviana (artículo 172 núm. 18); y 

d) Realizar las gestiones necesarias a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la convocatoria a nuevas elecciones generales (artículo 172 núm. 6).

* Abogado - Investigador, Docente Universitario de pre y postgrado.

Declaración Constitucional Nº 0003/2001 de 31 de julio de 2001