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El Derecho Administrativo desde una nueva visión, debe utilizarse como un instrumento de explicación y comprensión de toda la realidad jurídica de nuestro país (Bolivia) en cuanto al funcionamiento de la administración pública (organización administrativa) en relación a los administrados (población).
En cuanto al surgimiento de la administración es simultáneo con el proceso de socialización, es decir, no puede concebirse la administración antes del hombre en sociedad, desde el Estado primitivo hasta las épocas del absolutismo monárquico, constituye un pristino Derecho Administrativo, toda vez que a partir de la revolución francesa ese ordenamiento toma una dirección contraria que limita el poder de los gobernantes frente a los ciudadanos y los obliga a satisfacer las necesidades de estos, mediante los servicios públicos con sujeción a un derecho propio.
Bolivia no tiene significación en el proceso histórico del Derecho Administrativo, el enclaustramiento geográfico en el que se encuentra, su atraso económico social y su incipiente política, la sitúan entre los pocos Estados del mundo a los que aún no ha llegado el concepto moderno respecto al entendimiento de la administración, por ello la observación de Hauriou al respecto tiene sentido ya que menciona: “Todos los Estados modernos asumen funciones administrativas pero no todos poseen el régimen administrativo, el Derecho Administrativo es una ciencia y un instrumento para ordenar las relaciones de la sociedad jurídica y políticamente organizada”, en consecuencia se puede afirmar categóricamente que el Derecho Administrativo no se reduce solamente a la regulación de las relaciones entre la administración pública y los administrados, su ámbito de aplicación es mucho más extenso.
En ese entendido, debemos precisar que el Derecho Administrativo -según Villegas Basavilbao- es: “(…) un complejo de normas y de principios de Derecho Público interno que regulan las relaciones entre los entes públicos y los particulares o entre aquellos entre sí, para la satisfacción concreta, directa o inmediata de las necesidades colectivas, bajo el orden jurídico estatal”, es decir la importancia del derecho administrativo radica en ese conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del poder, la función administrativa, por ello el Derecho Administrativo es el régimen jurídico de la función administrativa y trata sobre el circuito jurídico del obrar administrativo.
En la actualidad existe una escasa producción intelectual respecto al derecho administrativo, como ciencia administrativa, lamentablemente se ha ido relegando su importancia, por ello es imprescindible resaltar la progresiva importancia que adquiere el Derecho Administrativo debido al intervencionismo estadual que se ha ampliado hasta extremos, toda vez que el Estado moderno se ha convertido en administrador de casi toda la actividad humana, en tanto que el Derecho Civil, Penal, Mercantil, etc., y la generalidad de las ramas del derecho positivo, alcanzan solamente a quienes tienen necesidad de servirse de ellos o caen bajo la sanción de sus preceptos.
Es entonces que todos los individuos sin excepción, como dice Juan P. Ramos, viven bajo la presión, la vigilancia, la protección o la expoliación de la administración pública, por ello la actividad que regula el Derecho Administrativo, asegura la continuidad, la supervivencia del Estado, puede admitirse que dentro de él desaparezcan los órganos legislativos y jurisdiccionales, pero ni por un solo día pueden ser suprimidos los órganos administrativos cuyas funciones tienen carácter vital e imprescindible para las colectividades.
JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA
Por jurisdicción se debe entender: “El poder – deber del Estado político moderno, emanado de su soberanía, para dirimir mediante organismos adecuados, los conflictos de intereses que se susciten entre los particulares y entre estos y el estado, con la finalidad de proteger el orden jurídico”, por jurisdicción administrativa aquella “potestad que reside en la administración pública o en los funcionarios o cuerpos representativos de ese poder público, para decidir sobre las reclamaciones (…)”, por ello se afirma que la jurisdicción se dice pública, ya por razón de su causa eficiente, porque emana de autoridad pública, ya por razón del sujeto, porque quien la ejerce es persona pública, ya por razón del fin porque se dirige a la conservación del orden y de la utilidad pública.
Obedeciendo a concepciones modernas, Couture define a la jurisdicción como, la función pública realizada por órganos competentes, con las formas requeridas por la Ley, en virtud del cual, por acto de juicio se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada eventualmente factibles de ejecución, por ello este autor sostiene que la jurisdicción es ante todo una función.
Con lo afirmado, se puede colegir que es necesario precisar términos antes de la descripción respecto a la consistencia de la jurisdicción administrativa, pues no se debe confundir los términos de justicia administrativa con jurisdicción administrativa, toda vez que el primero tiene relación cuando los órganos judiciales comunes se dedican a resolver problemas administrativos y la segunda es cuando existen órganos calificados y especiales para esos fines, es decir cuando existen órganos administrativos que son reconocidos por la Constitución Política del Estado.
En la actualidad, sin haber abandonado el razonamiento jurídico, se advierte sobre la importancia que tiene abordar y dilucidar el tema en homenaje a una rigurosidad académica, toda vez que normalmente los órganos de la jurisdicción son los del órgano judicial, pero esta circunstancia no excluye que las funciones jurisdiccionales puedan ser asignadas a otros órganos y por ende la jurisdicción se cumple mediante un adecuado proceso, en consecuencia el proceso jurisdiccional debe ser bilateral, con las debidas garantías, con posibilidades eficaces de probar la verdad de sus proposiciones de hecho.
Es decir, la función jurisdiccional asegura la vigencia del derecho, la jurisdicción es declarativa y constitutiva al mismo tiempo, declara el derecho preexistente y crea nuevos estados jurídicos de certidumbre y de coerción inexistentes antes de la cosa juzgada, entonces el objeto propio de la jurisdicción es la cosa juzgada, la jurisdicción por jurisdicción no existe, solo existe como medio de lograr un fin, asegura la continuidad del orden jurídico, por lo que el fin es asegurar la efectividad del derecho, es en ese sentido que la jurisdicción se constituye en un medio de producción jurídica.
Es así que, en ciertos casos el Órgano Ejecutivo, se encuentra facultado para decidir ciertas controversias, desarrollando una actividad semejante a la función judicial, por tanto la función jurisdiccional se aplica a cada caso en particular y concreto, el derecho general y abstracto proclamado por la norma, ya sea dentro de la propia orbita de la administración pública, lo que da lugar a la denominada jurisdicción administrativa.
Por ello la función de dirimir conflictos y decidir controversias se ha convertido en uno de los fines primarios del Estado, toda vez que no es posible concebir al Estado sin esa actividad fundamental, toda vez que a los ciudadanos privados de la facultad de hacer justicia por propia mano el orden jurídico les ha otorgado el derecho de acción y al Estado el deber de la jurisdicción, entonces, se afirma que hay una relación de medio a fin, entre el fallo judicial con valor de cosa juzgada y la vigencia real del derecho, el Estado por medio de la jurisdicción declara el derecho ante cualquier violación del régimen normativo.
POTESTADES DE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA
Considerando que la jurisdicción administrativa emana del mandato Estatal, tiene la facultad de resolver los conflictos sometidos a su jurisdicción, llevando a ejecución los fallos con autoridad de cosa juzgada, esa facultad supone la existencia de ciertos poderes que resultan indispensables para el cometido de ese fin, entre las que se encuentran:
a) Poder de Decisión, es el poder por excelencia que distingue la función jurisdiccional, la Máxima Autoridad Ejecutiva es Juez en tanto decide y no puede excusarse de resolver los conflictos emergentes de las relaciones que surgen entre la administración pública y los administrados, este poder de decisión se manifiesta formal e intrínsecamente cuando la Máxima Autoridad Ejecutiva afirma la existencia o inexistencia de una voluntad de la Ley concerniente a las partes o a los presupuestos procesales o al proceso mismo y finalmente dando la suficiente fuerza imperativa a las resoluciones que se adopten, dicho poder de decisión jurisdiccional se manifiesta cuando la Máxima Autoridad Ejecutiva aplica la Ley al caso concreto, subsumiendo los hechos al Derecho, ejerciendo el deber de motivar sus resoluciones, misma que involucra las razones de su decisión que a la vez implica un mandato, es decir, la resolución es una orden imperativa que debe ser cumplida, pues caso contrario, puede ser efectivizada coercitivamente por la administración.
b) Poder de Ejecución, es el poder que tiene la Máxima Autoridad Ejecutiva para realizar la ejecución procesal forzada de sus decisiones, toda vez que es necesario que la jurisdicción administrativa este dotada del poder coercitivo necesaria para ejecutar sus resoluciones, el poder de ejecución se refiere a la satisfacción de la obligación que está inserta en la resolución que emanan de los órganos administrativos.
c) Poder de Instrumentación, este poder es llamado también de documentación, toda vez que es la potestad que tiene la Máxima Autoridad Ejecutiva de dar categoría de instrumento autentico a la resolución que emite, este poder es conocido como la potestad material de conservar y custodiar el conjunto de documentos que forman el expediente, esto en virtud de que los escritos presentados por las partes y cada una de las actuaciones procesales, como ser las pruebas, autos, resoluciones, etc. adquieren categoría de instrumento público.
d) Poder de Coerción, se refiere a la potestad que tiene la Máxima Autoridad Ejecutiva de imponer sanciones a quienes con su conducta obstruyan o perjudiquen el trámite normal del proceso, entre el poder de ejecución y el poder de coerción se diferencian en lo siguiente; el primero consiste en ejecutar el mandato de carácter administrativo, mientras que el segundo consiste en la sanción que impone la Máxima Autoridad Ejecutiva contra un acto de inconducta de los administrados.
JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Esta es una de las materias más complejas del Derecho Administrativo, al punto que no fue expeditivo para los juristas del pasado, desde entonces mucho se ha avanzado en la elaboración teórica y positiva de la justicia administrativa aunque ningún tratadista ni Estado puedan afanarse de una construcción definitiva e irrevisable.
La dificultad surge el momento de establecer la esencia intrínseca de esta institución, que siendo incuestionablemente ajena a la actividad administrativa, tiene una naturaleza absolutamente diferente, sustantivándose como la más elevada de las funciones jurisdiccionales, en efecto mientras la justicia común actúa resolviendo en derecho los conflictos entre los particulares, la justicia administrativa consiste en resolver las controversias suscitadas por los actos de la administración. Tal sería una de las razones para que en nuestros días se abogue por el firme reconocimiento de lo procesal administrativo.
Si el derecho procesal es aquella rama del ordenamiento jurídico que regula el proceso y lo contencioso administrativo es una manifestación del fenómeno procesal, no existe razón alguna para pensar que las normas jurídicas sobre lo contencioso administrativo son derecho administrativo y no derecho procesal, conforme señala el Prof. Bielsa, la expresión exacta atribuible a esta institución sería la de justicia administrativa, con la que no se denota una justicia que no procede de la administración, sino una justicia que tiene por objeto la administración.
Pese a la diferenciación, existen dificultades respecto a su aplicación como por ejemplo, el órgano administrativo es a veces juzgador parcial, por ser parte interesada, pero siempre está sujeto a órdenes e instrucciones, la administración carece del presupuesto jurídico político que da razón de esencia y justificación de existencia al órgano judicial, la independencia, por tanto este órgano administrativo no puede estar equiparado a un tribunal judicial, estos aspectos merecen ser estudiados con la rigurosidad académica que nos caracteriza, mismas que serán publicados en próximos ensayos.
* Es abogado, docente universitario, egresado de la Maestría en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales (UMSA), blog jurídico: (http://metamorfosisjuridica.blogspot.com/)
Fuente: http://www.la-razon.com/suplementos/la_gaceta_juridica/Nueva-vision-Derecho-Administrativo-gaceta_0_2300170093.html
