(Imagen ilustrativa: https://bit.ly/3io17rg)
En esta época, nuestro país se caracteriza por la transformación de las instituciones públicas y lograr constantes restauraciones en el ámbito judicial, tarea casi imposible; en este entendido, analistas, intelectuales, políticos, juristas, etc., han pretendido identificar las causas de esta crisis; inclusive, han proyectado (sin éxito) soluciones más o menos efectivas para preservar la imagen de la administración de justicia en Bolivia.
Sin el ánimo de ser reiterativos, la mayoría de estos sectores e instituciones coinciden en otorgarle mayor preeminencia a la corrupción incesante, el incremento de litigiosidad que ocasiona mora procesal, la independencia judicial y la falta de preparación académica de los servidores judiciales; sin embargo, no se animan a plantear la existencia de élites, cúpulas o las denominadas "roscas", que ─también─ constituyen parte de la crisis del sistema judicial, mismas que impiden la transformación judicial.
La corrupción incesante
Es un problema de carácter estructural generado por los mismos servidores judiciales, la consecuencia inmediata de esta acción, ocasiona desconfianza en la población litigante, vale decir, la administración de justicia en su conjunto está inmersa de sospechas en cuanto a su parcialidad, las denuncias sobre corrupción ocasionan la resolución tardía del conflicto entre los litigantes que acuden al Órgano Judicial.
La corrupción transita en todos los niveles del Órgano Judicial, sin embargo, considero necesario puntualizar que la corrupción se inicia con los funcionarios subalternos (denominados por la Ley Nº 025 del Órgano Judicial servidores de apoyo judicial); es decir, dentro del juzgado donde el litigante debe honrar sumas de dinero a cada servidor judicial (secretarios, oficiales de diligencia, auxiliares, incluyendo a los pasantes) para cualquier actuación procesal, inclusive para la emisión de fotocopias del proceso, a fin de que su proceso continúe y no se paralice.
Falta de formación académica
Una de las falencias de los servidores judiciales, radica en la inadecuada y escasa formación académica, toda vez que, ─lamentablemente─ la teoría general del derecho y del proceso, así como la nueva concepción inserta en la Constitución Política del Estado (cpe) respecto a la directa justiciabilidad de los derechos, no llega a la práctica judicial, resultado de ello, el conocimiento constitucional no ha penetrado en los operadores de justicia.
Vale decir, el instrumento jurídico de aplicación de la justicia (cpe) es desconocido en gran medida por los servidores judiciales, en todos los niveles, y ─lógicamente─ ¿qué pasa con un operador de justicia que no conoce ni entiende el instrumento del que se sirve todos los días?; la respuesta es clara, habrá gran ineficiencia que se traduce a diario con la demora judicial y la inadecuada resolución de los conflictos, limitando la capacidad operativa y generando soluciones tardías.
La falencia no termina ahí, la preparación académica de los servidores judiciales, es ─aún más─ deficiente, la misma se manifiesta en la decadencia del pensamiento conceptual, intermitencia en la utilización de la jurisprudencia, abandono de la investigación, dispersión del conocimiento y la marginación de toda actividad científica en el campo del derecho.
Sin embargo, puede ser un grave error, pensar que el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, depende exclusivamente de los mayores conocimientos jurídicos; por el contrario, estos conocimientos deben complementarse con habilidades y cualidades como la ecuanimidad, empatía, virtudes humanas, compromiso social y el elemento personal que desempeña un papel fundamental en el adecuado desarrollo de un juicio; los operadores de justicia que cuenten con estas habilidades ofrecerán soluciones inmediatas, correctas y facilitarán el desarrollo del proceso en procura de lograr la deseada justicia.
El incremento de la litigiosidad
Otro factor causante de la crisis, constituye el incremento desmedido de litigiosidad en la totalidad de los juzgados, dicho incremento, se debe a que la conflictividad social está lejos de haber aminorado o disminuido, más aún cuando existe precarización judicial que devela dificultades de índole social; consecuentemente, estas dificultades convertidas en judicialización del conflicto, generan el incremento de causas (procesos).
La consecuencia inmediata, ─lógicamente─ es la saturación y el extraordinario incremento de litigiosidad en los juzgados a nivel nacional, de tal modo que este incremento, provoca que nuestro sistema judicial colapse, generando ─de esta manera─ mora procesal.
La independencia del Órgano Judicial
Otro factor que genera crisis en la administración de justicia, tiene que ver con la subordinación del órgano judicial a los demás órganos del Estado (especialmente al Ejecutivo y Legislativo); vale decir, el Judicial carece de independencia, es controlado, supervisado por el Ejecutivo y Legislativo a través del “copamiento” sistemático de las instancias de decisión en el Órgano Judicial, lo que debilita su trabajo y agiganta sus defectos estructurales de retardación, corrupción y parcialización a favor de una de las partes.
La independencia del Órgano Judicial, debe manifestarse en un grado de coordinación entre sus miembros y los de los demás órganos del Estado y no de subordinación, toda vez que subordinación implica la actuación en base a circunstancias y a la influencia política (dirección en los procesos de interés nacional desde instancias estatales), económica o social de los eventuales litigantes.
Las élites judiciales, cúpulas o las denominadas "roscas"
Como se mencionó al principio, casi nadie se anima a plantear que una causa fundamental y determinante de la crisis del Órgano Judicial tiene que ver con la existencia de elites en su interior (en todos los niveles), cúpulas, o las denominadas "roscas", que se disputan el control y consecuentemente impiden la transformación del sistema de administración de justicia en su conjunto, la devalúan y se resisten a la transformación del sistema judicial, protegiendo sólo intereses de grupo.
En ese sentido, oportunamente señalé en una entrevista (La Razón, suplemento Animal Político, 16 de febrero de 2014) la existencia de estas elites judiciales que impiden el ingreso de nuevos abogados al Órgano Judicial con una visión "fresca" del derecho; además, es necesario resaltar que en la estructura del Órgano Judicial, se denota la existencia de varias elites en todos los niveles que para mantenerse en el poder deben contar con el beneplácito de la élite política (personeros del órgano Ejecutivo y Legislativo que ocupan posiciones de privilegio, cuyas decisiones tienen consecuencias importantes).
Inclusive, una vez que una de las élites judiciales logra el consentimiento de la élite política, se agrupa en un reducido número de operadores judiciales (magistrados, vocales, jueces, etc.) como parte del grupo de los que alcanzaron éxito en la toma de altos cargos (nivel de dirección) desde donde disfrutan de sus ventajas monopolizando el poder.
Estas élites se degeneran con rapidez, por ello necesitan vigorizarse con refuerzos, vale decir, nombran a sus subalternos (servidores judiciales) por parentesco, padrinazgo, favoritismos, etc., a quienes piden lealtad y compromiso para mantenerlos en sus cargos, porque, de lo contrario, toda élite que no esté dispuesta a luchar para defender su posición se halla en decadencia y extinción.
Estas élites, para mantenerse en el lugar de privilegio, cuentan con dos mecanismos: la fuerza y la astucia (que nos recuerdan a la vieja teoría de Maquiavelo de los “leones” y los “zorros”). La fuerza, les permite reprimir a los subalternos que no quieran acatar las decisiones de la élite; y la astucia, posibilita premiar a los operadores judiciales leales, mediante la otorgación y el reconocimiento de dádivas o ─en su defecto─, una mejor posición dentro la estructura judicial.
A estas élites judiciales, no le conviene realizar transformaciones en la administración de justicia, toda vez que ─simplemente─ velan por sus propios intereses; su cultura se forja alrededor de los números (dinero) y de la acumulación y beneficios del poder (decisión).
Los "tentáculos" de las élites judiciales se extienden por doquier, ─reitero─ cuentan con la complicidad de las élites políticas (respaldo político) para mantenerse en el poder y satisfacer y generar réditos personales y de grupo; generalmente, estas élites se encuentran en altos cargos (nivel de dirección) desde donde definen cuestiones relativas a la administración de justicia (en menor medida) sin tomar en cuenta las necesidades de la población litigante, así como los problemas para solucionarlos.
Finalmente, corresponde señalar que, ante los factores mencionados precitadamente, se requiere un análisis, un debate profundo y sincero, sobre las soluciones efectivas y de carácter estructural, para transformar la justicia, toda vez que ─al parecer─ las transformaciones no van a contar con el impulso de las propias instituciones judiciales en crisis.
(*) Es abogado, profesor universitario y responsable del blog jurídico Metamorfosis Jurídica (http://metamorfosisjuridica.blogspot.com/)
No hay comentarios:
Publicar un comentario